En el corazón de un Estado democrático de Derecho se yergue la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF). Su trascendental labor en la interpretación y aplicación de la norma jurídica, va mucho más allá de la simple solución de conflictos. Es el símbolo de justicia y equidad. Su función honesta y profesional, garantiza el respeto absoluto y la correcta interpretación de nuestra Carta Magna, mantiene el equilibrio esencial entre los poderes del Estado, protege los derechos humanos y fundamentales del pueblo y asegura que particulares y autoridades actúen bajo el imperio de la ley.
La SCJN, y en general el PJF, constituyen los pilares fundamentales de nuestra democracia. La democracia que los órganos judiciales están encargados de custodiar y proteger, conforme a nuestra Constitución, se despliega en tres dimensiones esenciales: estructura jurídica, régimen político y sistema de vida.
Como estructura jurídica, conforme a lo establecido por el artículo 40 Constitucional, se refiere a la forma de gobierno elegida por el pueblo mexicano para constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. La doctrina caracteriza a la democracia como una forma de gobierno de las mayorías, para distinguirla de los de minorías.
Como un régimen político, la democracia es un conjunto de reglas procedimentales para la conformación del gobierno. Implica que sus órganos legislativos y ejecutivos se integren de personas electas por el pueblo. Garantiza el derecho al voto; así como la igualdad de su valía, sin discriminación. Asegura la preponderancia del principio de mayoría y representación proporcional. Además, de la organización ciudadana de las elecciones y la calificación de los comicios a través del Tribunal Electoral del PJF, de manera imparcial autónoma e independiente. (Art. 41. Const.).
La democracia entendida en su concepción más hermosa, la define el artículo 3º. Constitucional, como “un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.” Implica una filosofía de vida que pone énfasis en el progreso continuo y sostenido de la sociedad. En busca de la mejora integral de la calidad de vida de la población.
La perspectiva económica necesita esfuerzos para brindar seguridad personal y jurídica, aumentar la prosperidad a través de la creación de empleos, infraestructura, justicia económica, innovación, eficiencia y competitividad. El aspecto social requiere trabajar por la reducción de la desigualdad y procurar la inclusión; el acceso universal a servicios esenciales como educación, salud, vivienda, medio ambiente sano, oportunidades laborales. Culturalmente, busca enriquecer la vida de la sociedad a través del apoyo a las artes, la preservación del patrimonio cultural y la promoción de la diversidad cultural.
El proceso democrático inevitablemente genera diferentes posturas y, con frecuencia conflictos. Razón por la cual la democracia requiere de tribunales que defiendan eficazmente los principios de constitucionalidad, legalidad y división de poderes. Marco jurídico que permite el progreso ordenado de la población.
Es la objetividad, honestidad y profesionalismo de los tribunales que salvaguardan estos principios, lo que permite: alternancia política, participación de la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas de sus gobernantes, libre expresión de las ideas y bienestar de sus habitantes. Un país democrático es el que escribe su historia con la mirada dirigida a un horizonte de desarrollo, prosperidad, igualdad y paz social.